Si tiene previsto solicitar una Green Card o ya cuenta con una solicitud de Adjustment of Status pendiente, es fundamental que conozca un cambio normativo de gran relevancia. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) ha revocado la Public Charge Rule de 2022, y un nuevo estándar, considerablemente más amplio, entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. En Oguz Law, queremos explicarle con claridad qué ha cambiado, quiénes podrían verse afectados y qué medidas conviene adoptar desde este momento.
¿Qué ha ocurrido?
El 20 de julio de 2026, el DHS anunció oficialmente la eliminación de la Public Charge Rule de 2022, normativa que regulaba las determinaciones de inadmisibilidad por motivo de carga pública desde ese año. Es importante destacar que el DHS no sustituirá la regulación de 2022 por un nuevo reglamento detallado. En su lugar, simplemente eliminará la normativa vigente y devolverá a los funcionarios del United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) un margen de discrecionalidad mucho mayor para evaluar cada caso. A partir de entonces, las decisiones se basarán directamente en la Immigration and Nationality Act (INA), junto con las futuras directrices que USCIS publicará a través de su Policy Manual.
Asimismo, USCIS ha confirmado que publicará una versión revisada del Form I-485 (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status) para adaptarlo al nuevo marco normativo.
¿Por qué es importante este cambio?
La “Public Charge Rule” de 2022 proporcionaba una definición relativamente limitada y predecible del concepto de public charge. Conforme a dicha normativa, el uso de determinados beneficios públicos como Medicaid, SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) o programas de asistencia para vivienda, por sí solo, generalmente no suponía un riesgo para una solicitud de Green Card.
Con la entrada en vigor de la revocación, esa protección más limitada desaparecerá. Los funcionarios de inmigración recuperarán una facultad discrecional mucho más amplia para evaluar si una persona tiene probabilidades de convertirse, en cualquier momento, en una carga pública. Para ello, podrán considerar un conjunto más amplio de factores, entre ellos la edad, el estado de salud, el tamaño del grupo familiar, el nivel educativo, las habilidades laborales y el uso de beneficios públicos. El DHS ha señalado que este cambio restablece un estándar que refleja con mayor precisión el principio de que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes.
Fechas clave que debe tener en cuenta
- 20 de julio de 2026 – DHS anunció oficialmente la revocación de la regla de 2022.
- 18 de septiembre de 2026 – La revocación entrará oficialmente en vigor. A partir de esa fecha, el nuevo estándar más amplio será aplicable a:
- Las solicitudes de admisión presentadas el 18 de septiembre de 2026 o con posterioridad.
- Las solicitudes de Adjustment of Status enviadas por correo o presentadas electrónicamente el 18 de septiembre de 2026 o después de esa fecha.
Si su solicitud fue presentada correctamente antes del 18 de septiembre de 2026, por regla general continuará siendo evaluada conforme a la normativa vigente en la fecha de su presentación, incluso si la entrevista o la decisión final tienen lugar con posterioridad.
¿El uso anterior de beneficios públicos podría Perjudicar su solicitud?
De acuerdo con la norma definitiva, el DHS ha confirmado que la recepción de beneficios públicos que anteriormente estaban excluidos de la evaluación de public charge, siempre que hayan sido recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, no constituirá automáticamente un factor negativo. Dichos beneficios seguirán analizándose conforme al estándar más favorable establecido por la Public Charge Rule de 2022. No obstante, si un solicitante continúa recibiendo beneficios que pasarán a estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio a partir del 18 de septiembre de 2026, USCIS podrá tener en cuenta ese uso continuado dentro de la evaluación integral de las circunstancias particulares del caso.
La nueva normativa también modifica el tratamiento de las Public Charge Bonds. Toda garantía constituida a partir del 18 de septiembre de 2026 podrá ejecutarse si la persona garantizada recibe un beneficio público sujeto a evaluación antes de su fallecimiento, de su salida permanente de los Estados Unidos o de su naturalización, o si incumple cualquier otra condición establecida en dicha garantía.
¿Quiénes podrían verse más afectados?
Este cambio afecta principalmente a las personas que estén tramitando alguno de los siguientes procedimientos migratorios:
- Solicitudes de Green Card basadas en vínculos familiares.
- Solicitudes de Green Card basadas en empleo.
- Solicitudes de Adjustment of Status presentadas dentro de los Estados Unidos.
- Solicitudes de visa de inmigrante tramitadas mediante Consular Processing en el extranjero.
Determinadas categorías humanitarias, como los asilados, los refugiados y otros grupos protegidos por la legislación migratoria estadounidense, generalmente están exentas de las determinaciones relacionadas con la public charge. Sin embargo, cada caso presenta circunstancias particulares. Por ello, resulta recomendable confirmar si su categoría migratoria específica se encuentra exenta mediante una evaluación individual realizada por un abogado de inmigración con experiencia.
¿Qué debe hacer ahora?
- Si su solicitud está lista para ser presentada, considere hacerlo antes del 18 de septiembre de 2026, ya que esto podría permitir que su caso sea evaluado conforme al estándar vigente de 2022, que ofrece criterios más claros y previsibles.
- Revise su historial de beneficios públicos con un abogado de inmigración para comprender cómo podría ser evaluado bajo el nuevo marco normativo.
- Manténgase atento a las actualizaciones del USCIS Policy Manual, ya que aún está pendiente la publicación de directrices detalladas sobre cómo los funcionarios aplicarán este nuevo estándar discrecional.
- No tome decisiones importantes relacionadas con beneficios públicos sin recibir asesoramiento legal. Las normas sobre qué beneficios pueden ser considerados y en qué momento están cambiando rápidamente.
¿Cómo puede ayudarle Oguz Law?
En Oguz Law, ayudamos a los solicitantes de Green Card y a sus familias a desarrollar una estrategia migratoria sólida frente a los cambios introducidos por la nueva Public Charge Rule y el mayor margen de discrecionalidad que tendrán las autoridades migratorias.
Nuestros abogados pueden asistirle en las siguientes áreas:
- Evaluación del riesgo relacionado con la Public Charge.
- Solicitudes de Green Card por vínculo familiar.
- Solicitudes de Green Card por motivos de empleo.
- Tramitación de Adjustment of Status.
- Consular Processing.
- Asesoramiento sobre Public Charge Bonds.
- Revisión de beneficios públicos y análisis de elegibilidad.
- Evaluaciones de cumplimiento de la normativa migratoria.
- Preparación de estrategias de respuesta a Requests for Evidence (RFEs).
Si tiene previsto presentar una solicitud de Green Card antes o después del 18 de septiembre de 2026, recibir asesoramiento jurídico desde las primeras etapas del proceso puede ayudarle a comprender cómo el nuevo estándar de Public Charge podría afectar su caso y a reducir el riesgo de una posible denegación.
Póngase en contacto con Oguz Law hoy mismo para programar una evaluación personalizada de su caso.
